El proyecto conocido como de renta hídrica abona ese principio de desigualdad
El proyecto de ley mediante el cual se crea un nuevo Marco Regulatorio de la Actividad Hidroeléctrica de la Cuenca del Río Futaleufú, establece la asignación de una renta hídrica a las localidades cordilleranas de Esquel, Trevelin, Cholila, lo que sería una muy buena iniciativa, si el contexto general en el que se pretende otorgar ese beneficio fuese más equitativo.
Pero además del destrato hacia las comunidades del Valle Inferior del Río Chubut, habitado también por chubutenses, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Provincial a enajenar las acciones que le dan la titularidad de un interesante porcentaje de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú SA, lo que implicaría deshacerse de la única fuente de energía propia.
El Artículo 71° del proyecto es más que sugestivo. A nadie se le ocurriría otorgar por ley tales facultades si no tuviese en mente concretar un negocio de esa naturaleza, absolutamente irracional y lesivo para los intereses de la provincia.
El motivo original de la creación de la central hidroeléctrica Futaleufú fue abastecer de energía a la empresa Aluar a un precio preferencial, atado a las variaciones del precio internacional del aluminio por un plazo de 10 años, con prórroga automática por dos períodos sucesivos de 10 años, lo que generó enormes beneficios económicos y sociales a Puerto Madryn.
En esas circunstancias el Estado Nacional propuso que las ciudades de Esquel y Trevelin tengan también una tarifa promocional para favorecer su crecimiento económico, la creación de empleo genuino y su desarrollo social, al convertirse éstas en un polo energético que incentive a la radicación de empresas.
Sin embargo las dos localidades, que consumen el 2% de la producción de la Hidroeléctrica Futaleufú, nunca tuvieron ese beneficio dado que la distribuidora, la Cooperativa Eléctrica 16 de Octubre, paga una tarifa mucho más elevada que la vigente para Aluar SA.
El nuevo Marco Regulatorio de la Actividad Hidroeléctrica de la Cuenca del Río Futaleufú que por ley impulsan los diputados Rafael Williams y Carlos Mantegna establecería un convenio entre las partes interesadas: los municipios de Esquel, Trevelin y Cholila, la provincia del Chubut y el Estado Nacional, manteniendo la tarifa preferencial a Aluar SA y garantizando el mismo beneficio para las empresas del parque industrial de Puerto Madryn.
Esto implica que Puerto Madryn continuará recibiendo el beneficio que ya recibe, y las ciudades y comunas rurales de la región cordillerana chubutense se verán favorecidas por la denominada “Tarifa Futaleufú”. En el caso de éstas últimas a modo de reparación histórica.
El proyecto, que también estipula la percepción por parte del estado provincial de un 12% en concepto de regalías hidroeléctricas, consigna que sería competencia del Poder Ejecutivo Provincial y las municipalidades de Esquel y Trevelin la elaboración de políticas de promoción, desarrollo y ejecución de programas de desarrollo industrial electrointensivos para las comunidades que integran los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Tehuelches y Río Senguer.
La inequidad manifiesta plasmada en este marco regulatorio es más que evidente, ya que las ciudades y comunidades del Valle Inferior de Río Chubut no serían alcanzadas por beneficio alguno, a pesar de su necesidad, imperiosa y conocida por todos, de crear condiciones propicias para la radicación de empresas que impulsen el desarrollo de su alicaída economía y generen empleo genuino.
Por lo tanto, cualquier iniciativa de los municipios orientada a tentar a empresarios del sector privado para que inviertan en la zona del Virch sería infructuosa, teniendo en cuenta que existen en la provincia zonas que ofrecen un beneficio tan importante como lo es el pago de tarifas eléctricas diferenciadas, siendo la energía uno de los costos fijos de mayor incidencia en la economía de las empresas sea cual fuere su actividad productiva.
Pero ese tratamiento desigual que relega a la región del Virch a un plano inferior en cuanto a su status en el contexto provincial, no es todo lo que merece un análisis profundo que permita encontrar los motivos concretos (o secretos) de tal situación.
Hay otro punto que no solo genera intriga sino que enciende luces y sirenas de alarma. Se trata del Artículo 71° del proyecto de ley a tratar en la Legislatura Provincial, por el que se confiere al Poder Ejecutivo Provincial la facultad para vender, ceder y/o transferir el paquete accionario de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú S.A., propiedad de la Provincia del Chubut.
Y aquí caben varias preguntas. ¿Por qué razón el Estado Provincial querría enajenar su única fuente propia de energía? ¿Qué emergencia económica-financiera podría impulsar al estado a deshacerse de tan valioso patrimonio?
Los mal pensados seguramente estarán especulando con que el gobierno está abonando el terreno para hacer un pésimo negocio para la provincia, pero bueno y rentable para quienes participen del mismo, justo en la antesala de la expiración del contrato de concesión con Aluar SA, empresa que, casualmente, sumó a sus múltiples negocios la venta de energía.
Lo lamentable de esto, si es que hay algo que no lo sea, es que mientras se barajan políticas energéticas disparatadas e irracionales, en nuestra provincia, que produce entre 10 y 12 veces más energía eléctrica de la que consume, aún existen pueblos del interior chubutense que se abastecen a través de generadores a combustión. Y la gran mayoría de las cooperativas de servicios públicos de la provincia se debate en una crisis eterna, provocada por las deudas que mantienen con CAMMESA, imposibilitadas de negociar contratos a término a costos accesibles con Hidroeléctrica Futaleufú.
