El arranque de la campaña electoral parece haber empujado al Gobierno a dar de baja una de las leyes más criticadas de los últimos tiempos: según confirmaron a TN fuentes oficiales, “se está estudiando” la suspensión de la Ley de Alquileres, tras el impacto negativo que generó en los inquilinos y el mercado inmobiliario en general.
La normativa, aprobada en 2019 con impulso de Juntos por el Cambio, pero sancionada en 2020, extendió la duración de los contratos de 2 a 3 años y fijó una sola actualización anual del valor mensual del alquiler, de acuerdo con un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación. Sin embargo, en vez de facilitar el acceso a la vivienda, lo complicó.
Ante la incertidumbre, uno de los primeros efectos no deseados fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. A los pocos meses de la sanción de la ley, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más elevados.
Muchos propietarios retiraron sus propiedades de la oferta de alquileres y las pusieron en venta o en alquiler temporario, un mercado que promete rentas dolarizadas.
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Si bien a lo largo de los últimos años se plantearon diversas modificaciones al proyecto original (en total se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla), ninguna logró avanzar.
Según trascendió, durante un encuentro esta semana, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, acordaron encontrarle una solución al tema, por lo que se analizaban alternativas posibles para reemplazar la normativa.
Las dos críticas más fuertes a la ley se centran en la ampliación del plazo de los contratos, que se extendieron de dos a tres años, y en la actualización anual sobre la base de un índice que elabora el Banco Central (BCRA) -que cruza salarios e inflación-. Antes lo acordaban el inquilino y el propietario y solía actualizarse una o dos veces al año.
El costo del alquiler en la Argentina subió un 245% desde la sanción de la nueva ley de alquileres 27.551, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020.
