La soberanía energética no es un concepto abstracto, sino un objetivo claro y concreto que lleva bienestar, progreso y desarrollo a los pueblos que la alcanzan. Es una meta propia de las personas nobles. De esas que luchan por el bien común, despojadas de intereses personales o sectoriales.
Lamentablemente en el ámbito legislativo provincial y nacional, la mirada acotada de los supuestos representantes del pueblo que ocupan bancas en la Legislatura Provincial de Chubut y en el Senado de la Nación, no les permite ver su real dimensión, e impulsan proyectos totalmente ajenos a los intereses de sus lugares de origen.
Lo penoso es que lo hacen en un momento ideal para hacer todo lo contrario con buenas posibilidades de éxito, ya que en breve comenzarán los vencimientos de los contratos de concesión de varias centrales hidroeléctricas, y todos sus esfuerzos deberían apuntar a que pasen en un 100% a manos de las provincias en cuyos territorios se encuentran, ajustándose al Artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece que las provincias tienen la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en su territorio.
No obstante la inminencia de esta oportunidad única, senadores nacionales de Neuquén, Río Negro y Chubut presentaron un proyecto que impulsa la apropiación del 50% de estos aprovechamientos energéticos por parte del Estado Nacional, en la medida que venzan los contratos de concesión, confiriendo la administración de ese 50% a la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) (Ex ENARSA). El 50% restante quedaría, en caso de prosperar el proyecto, en manos de los estados provinciales,
Esto plantea para las provincias un panorama bastante mejor que el actual, aunque está lejos de ser lo ideal.
En Chubut, la cosa es mucho peor, ya que mientras los actores vinculados con el sector de la energía, dirigentes sindicales, empresarios y productores trabajan a destajo para lograr la soñada soberanía energética e instan al arco político provincial a sumarse a las gestiones que en ese sentido llevan adelante Río Negro y Neuquén, un grupúsculo de diputados provinciales elaboró, presentó y aprobó un proyecto vergonzante, conocido como “Proyecto de Renta Hídrica”, mediante el cual buscan rapiñar algunas migajas de la empresa Aluar, con la supuesta intención de favorecer a los pueblos y parajes de la Comarca Andina con tarifas diferenciadas, aduciendo que es un derecho de los pobladores del lugar por cuanto Hidroeléctrica Futaleufú, principal generadora de energía de la provincia se encuentra enclavada en esa región.
Es decir que mientras se abre la posibilidad de jugar en primera “nuestros representantes” quieren jugar un “picadito” en un potrero, frente a un rival que puede comprar los mejores jugadores del mundo. Aunque pensándolo bien, puede ser que ese gran equipo ya haya comprado sus pases.
Un indicio de que lo antedicho puede no ser sólo una especulación, es el desaparecido Artículo 71, que en el proyecto original facultaba al Estado Provincial a enajenar su parte de Hidroeléctrica Futaleufú. Y si se tiene en cuenta que la principal accionista de ese aprovechamiento energético es la empresa ALUAR, que se focalizó en el negocio de la venta de energía con ganancias millonarias, no es necesario devanarse los sesos para imaginar quien podría haber sido el comprador de las acciones de la provincia si la iniciativa hubiese prosperado sin modificaciones ni objeciones.
Lo cierto es que mientras algunos la pelean sin descanso en procura de que los beneficios que brindan los recursos de las provincias se distribuyan equitativamente entre todos sus habitantes, otros intentan guardar para sí o para su sector la mayor porción posible de la torta millonaria que es la energía.
